El gobernador DeSantis promulga la ley SB 17-18 la cual obligaría, entre otras cosas, a las empresas a verificar el estatus legal de sus empleados, sin considerar que de los 22,2 millones de habitantes que viven en el estado de Florida cuatro millones de ellos son inmigrantes, de los cuales 772 mil serían indocumentados y que 1 de cada 3 habitantes un latino es dueño de una empresa.